
Habitantes del barrio de Gràcia, en Barcelona, han denunciado que el Ayuntamiento, liderado por el alcalde Jaume Collboni, ha autorizado la transformación de un bloque residencial en un proyecto de coliving sin aplicar la normativa que exige un 30% de vivienda protegida. Esta acusación pone en el centro del debate la aparente permisividad municipal frente a modelos habitacionales que, según los vecinos, fomentan la especulación inmobiliaria y la pérdida de viviendas accesibles para los residentes locales.
Posible elusión de la normativa urbanística
Según los denunciantes, el edificio en cuestión habría sido originalmente destinado a vivienda residencial, pero su reconversión a coliving no activó el mecanismo legal que obliga a reservar una parte del proyecto a vivienda social. Este procedimiento, aparentemente, contraviene la regulación urbanística vigente en Barcelona. Aunque el coliving se promueve como una solución habitacional flexible, los vecinos advierten que su implementación sin controles adecuados podría elevar los precios del suelo y acelerar la gentrificación, desplazando a la población tradicional del barrio.
Temor a un precedente que agrave la crisis habitacional
Una consecuencia directa de esta presunta omisión normativa es el riesgo de que se genere un precedente preocupante, donde más desarrollos similares puedan evitar el cumplimiento de los requisitos de vivienda protegida. Esta situación profundiza la crisis de acceso a la vivienda en zonas tensionadas como Gràcia y debilita la confianza ciudadana en las instituciones locales. Los vecinos exigen una investigación formal y que el Ayuntamiento garantice el cumplimiento de la ley, protegiendo el derecho de todos los barceloneses a una vivienda digna y asequible.