
El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar una consulta pública sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell ha generado desconcierto en los principales actores económicos del país. La iniciativa, que llega después del visto bueno condicionado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se interpreta como un gesto que relativiza la autoridad del regulador y abre la puerta a un posible veto gubernamental, con base en criterios de interés general.
Como consecuencia inmediata, el proceso de adquisición enfrenta ahora un entorno de mayor incertidumbre tanto para las entidades implicadas como para el mercado financiero en su conjunto. La incorporación de un proceso participativo en una operación de esta envergadura, inusual en contextos empresariales, introduce una variable política que podría afectar la confianza en la estabilidad regulatoria y en la autonomía de los organismos supervisores en España.
Esta maniobra del Ejecutivo ha generado una reacción dispar: mientras en el BBVA reina la cautela y preocupación por el rumbo del proceso, el Banco Sabadell ha optado por una postura más reservada. Al mismo tiempo, algunos sectores políticos han respaldado la consulta como un ejercicio de transparencia y defensa del interés público. Lo cierto es que el resultado de esta participación ciudadana será clave para definir el desenlace de la operación, que podría marcar un antes y un después en la política de fusiones bancarias del país.