
Según versiones preliminares, Renfe ha decidido postergar hasta 2028 la entrada de otras operadoras en el servicio de Cercanías, prolongando así su monopolio en este segmento clave del transporte ferroviario. Aparentemente, esta decisión supone un retraso en la liberalización prevista y podría limitar, en el corto plazo, los beneficios asociados a la competencia, como mejores precios, mayor frecuencia y calidad del servicio para los usuarios.
Riesgos de distorsión y tensiones con Europa
En un contexto paralelo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido sobre la posibilidad de que la operadora francesa Ouigo reciba subvenciones públicas, lo que, según él, distorsionaría la competencia en el mercado ferroviario español. Presuntamente, si estas ayudas se confirman, Puente estaría dispuesto a denunciar la situación ante la Comisión Europea, lo que abriría un nuevo frente en las relaciones entre España, Francia y Bruselas.
Consecuencias: falta de competencia y posible conflicto comunitario
Una consecuencia directa de esta situación es la ralentización del proceso de apertura del Cercanías, lo que, sin presión competitiva, podría afectar la eficiencia y la innovación en el servicio. Además, la posible denuncia del Gobierno español ante la UE genera un riesgo de conflicto institucional y podría desencadenar investigaciones por parte de las autoridades comunitarias. Esta tensión no solo tendría repercusiones económicas y legales para las empresas ferroviarias implicadas, sino que también pondría en el foco la política de movilidad y liberalización del transporte en España.