Preocupación en la Policía Nacional por la delegación de competencias de inmigración a Cataluña

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha enviado una carta a la Comisaria Europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, solicitando la fiscalización de las acciones del Gobierno de España en relación con la cesión de competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Esta solicitud surge a raíz de la aprobación de dos reales decretos, respaldados por partidos nacionalistas e independentistas, que incluyen la mencionada delegación de competencias.

La misiva destaca que, según el artículo 149 de la Constitución Española, las competencias en materia de inmigración son exclusivas del Estado. La Ley Orgánica 2/86, que regula las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece claramente que la inmigración y extranjería son competencias de la Policía Nacional, especialmente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Entre las responsabilidades asignadas por ley a esta entidad se encuentran el control de entrada y salida del territorio nacional, la prevención y persecución de la inmigración ilegal, así como el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración.

El SUP expresa su preocupación ante la posibilidad de que el traspaso de estas competencias a Cataluña afecte negativamente a la seguridad ciudadana. Señalan que esto pondría en peligro los derechos y la dignidad de los policías, comprometiéndose a emprender acciones legales y sociales en defensa de lo que consideran un bien ciudadano fundamental: la seguridad.

La carta resalta la singularidad de estas atribuciones, específicamente designadas para la Policía Nacional, y el temor ante el futuro de la seguridad nacional en base a acuerdos políticos con partidos nacionalistas e independentistas. El SUP subraya su determinación de resistir cualquier transferencia de competencias que consideren contraria a los principios fundamentales.

En un contexto más amplio, el sindicato enfatiza que en la Unión Europea no existe precedente alguno de fragmentación de la seguridad en diferentes cuerpos policiales dentro de un mismo Estado. Advierten sobre las posibles consecuencias negativas, tanto a nivel nacional como europeo, que podrían perjudicar las políticas comunitarias en materia de inmigración. Destacan la eficacia del sistema de asilo, la cooperación en crisis humanitarias y las medidas contra la radicalización proveniente de terceros países como elementos cruciales en la seguridad europea.

El SUP hace un llamado a la Unión Europea para que atienda su petición de fiscalización de las acciones del Gobierno español. Solicitan que, dentro del marco legal, se impida la transferencia de competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Argumentan que esta medida no solo afectaría la seguridad nacional sino que también tendría un impacto negativo en la efectividad de las políticas migratorias tanto a nivel nacional como europeo.

En conclusión, la Policía Nacional, a través del Sindicato Unificado de Policía, busca la intervención de la Unión Europea para salvaguardar la integridad de las funciones policiales y la eficacia de las políticas migratorias. La respuesta de la UE será determinante para preservar los principios fundamentales que rigen la seguridad y la cooperación comunitaria, especialmente en un tema tan sensible como la inmigración.