Junta de Andalucía paraliza urbanizaciones ilegales en Granada y Cádiz

La Junta de Andalucía ha intervenido en el desarrollo urbanístico ilegal en las provincias de Granada y Cádiz, ordenando la paralización de varias construcciones y precintando 124 parcelas. Esta acción se basa en la presunta vulneración de la normativa urbanística, con edificaciones que carecen de licencias y, en algunos casos, se encuentran en zonas inundables. La administración autonómica busca restaurar la legalidad y proteger el entorno frente a riesgos ambientales.

Como consecuencia inmediata, las obras en las parcelas afectadas han quedado suspendidas, lo que genera incertidumbre entre propietarios y promotores. Aquellos responsables de las construcciones ilegales se enfrentan a sanciones económicas y a la posible obligación de demoler las edificaciones. Además, esta intervención podría afectar la confianza en el mercado inmobiliario local, especialmente en proyectos sin garantías legales.

Esta medida refleja el compromiso de la Junta con la ordenación del territorio y la lucha contra la ilegalidad urbanística. El precintado de parcelas, algunas en zonas de alto riesgo de inundación, resalta la importancia de la planificación adecuada para garantizar la seguridad y sostenibilidad del desarrollo en la región.