
Según versiones preliminares, el Gobierno español no contempla aumentar su gasto militar más allá del 2% del PIB para 2026, a pesar de las presiones de la OTAN, que ha sugerido alcanzar hasta un 5%. Aparentemente, esta decisión responde a las limitaciones presupuestarias y a la dificultad de realizar un incremento tan elevado en un periodo tan corto, lo que marca una diferencia de enfoque con la alianza atlántica.
Una meta fijada, pero sin avances acelerados
La OTAN ha intensificado su llamado a que los países miembros refuercen su inversión en defensa, citando las crecientes tensiones geopolíticas. Sin embargo, España ya ha comprometido el 2% del PIB en 2025 y, presuntamente, el Ejecutivo considera más realista consolidar esa cifra antes de considerar nuevos aumentos. Fuentes cercanas al gobierno habrían indicado que alcanzar un 5% no solo es financieramente inviable en el corto plazo, sino que también podría comprometer otras prioridades nacionales.
Consecuencias: presión fiscal y tensiones políticas
Una consecuencia directa de esta posición será la necesaria negociación con la OTAN sobre los tiempos y mecanismos para cumplir con expectativas más ambiciosas. Es previsible que España deba justificar su hoja de ruta y sus restricciones fiscales, mientras que, internamente, un aumento drástico del gasto militar podría tensionar el debate político y social, al implicar posibles ajustes en otras áreas clave como salud, educación o bienestar. La sostenibilidad de esta política defensiva estará, por tanto, en el centro de la discusión presupuestaria nacional e internacional en los próximos años.