
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha instruido a la nueva promoción de diplomáticos españoles que uno de sus objetivos centrales será impulsar el reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea. En un acto celebrado con la presencia del Rey, esta orientación, presuntamente, consolida la voluntad del Gobierno de posicionar la diversidad lingüística nacional como una prioridad en su política exterior.
Obstáculos diplomáticos y presión en Bruselas
La consecuencia directa de esta decisión será una mayor presión diplomática en Bruselas y otras capitales europeas para obtener el respaldo necesario. Aunque España ha manifestado su disposición a asumir los costes de implementación, algunos Estados miembros han expresado dudas sobre la viabilidad jurídica y el impacto financiero que acarrearía ampliar el régimen lingüístico comunitario. Esto obligará a desplegar una estrategia de negociación sostenida y técnicamente sólida.
Implicaciones económicas y de posicionamiento internacional
Desde una óptica estratégica, esta iniciativa busca proyectar a España como un país moderno, plural y culturalmente inclusivo en el ámbito europeo. Para el sector empresarial y las organizaciones con operaciones en la UE, la oficialización de estas lenguas podría generar nuevas oportunidades, aunque también supondría ajustes normativos y operativos en su relación con las instituciones comunitarias. El éxito de esta ofensiva diplomática se perfila como un hito clave para la política exterior española en los próximos años.

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