
El Gobierno de España ha anunciado su intención de llevar a votación en las instituciones europeas la propuesta para que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la Unión Europea. Esta iniciativa, según versiones preliminares, se enmarca en las negociaciones con Junts per Catalunya, liderado por Carles Puigdemont, como parte de los esfuerzos por garantizar apoyos parlamentarios clave. La propuesta, de fuerte carga simbólica y política, busca elevar el estatus del catalán en el contexto europeo y atender una demanda histórica de una parte significativa de la ciudadanía española.
La UE evaluará la viabilidad del catalán como lengua oficial
Una consecuencia directa de esta decisión será la apertura de un proceso institucional en la UE para debatir la inclusión del catalán como idioma oficial del bloque. Esta discusión podría suscitar posiciones divididas entre los estados miembros, algunos de los cuales podrían mostrar reservas por los costes y la complejidad administrativa que implicaría ampliar el número de lenguas oficiales. De aprobarse, el catalán ganaría relevancia en el ámbito comunitario, permitiendo su uso en documentos oficiales, debates parlamentarios y comunicaciones institucionales.
Un paso estratégico con impacto político interno
Este movimiento refleja una estrategia del Ejecutivo español para consolidar alianzas políticas internas, fundamentales para garantizar la gobernabilidad. Atender la reivindicación lingüística del catalán podría allanar el camino para futuras negociaciones con formaciones nacionalistas. Sin embargo, también abre la puerta a un posible efecto dominó, ya que otros territorios con lenguas cooficiales, como el País Vasco o Galicia, podrían plantear demandas similares. La decisión del Gobierno, por tanto, no solo tiene repercusiones en Bruselas, sino también en el equilibrio territorial y político dentro de España.