
El robo de cobre se ha consolidado como un delito recurrente en España, con un patrón de transmisión generacional de conocimientos y técnicas entre los delincuentes, según informes recientes. Las investigaciones apuntan a la existencia de redes organizadas que operan con la participación de individuos multirreincidentes, quienes sustraen cobre de infraestructuras críticas como líneas ferroviarias, tendidos eléctricos y empresas industriales. La alta demanda y el valor del cobre en el mercado negro, donde se paga alrededor de 10 euros por kilogramo, favorecen la proliferación de esta actividad ilícita.
El impacto directo de estos robos es devastador para la economía y el bienestar social. Las sustracciones interrumpen servicios esenciales como el transporte ferroviario, causando retrasos significativos y pérdidas económicas para las empresas operadoras. Además, los robos en instalaciones eléctricas no solo provocan apagones, sino que también representan un grave riesgo para la seguridad pública. La venta del cobre robado, especialmente con destino a países como China, alimenta un mercado ilegal que depende del daño a la infraestructura nacional.
Para abordar este creciente problema, las fuerzas de seguridad españolas han intensificado sus esfuerzos con planes especiales de prevención y detenciones. A pesar de estas acciones, el robo de cobre sigue siendo un delito persistente, lo que sugiere la necesidad de estrategias más efectivas y de colaboración entre autoridades, empresas y gestores de infraestructuras. La percepción de impunidad entre los delincuentes multirreincidentes también contribuye a la continuidad de esta actividad delictiva, lo que destaca la importancia de mejorar las sanciones y la respuesta institucional para proteger los activos estratégicos del país.