
España conmemora cuatro décadas de su adhesión a la Comunidad Europea, un hito que transformó su destino político, económico e institucional. La firma, ocurrida en 1985, simbolizó el ingreso definitivo del país en el espacio democrático occidental tras la dictadura franquista. No obstante, el histórico momento fue empañado por un atentado de ETA en Madrid, cometido ese mismo día, que intentó minar el simbolismo del acto y reflejó las fracturas internas aún presentes en la sociedad.
El contraste entre la esperanza que generaba el proyecto europeo y la persistencia del terrorismo dejó en evidencia las tensiones del periodo de transición. Mientras el país daba un paso decisivo hacia su modernización, también enfrentaba amenazas que ponían a prueba la solidez de su joven democracia.
Un consenso nacional difícil de replicar hoy
Pocos eventos han generado tanto acuerdo en la historia reciente de España como su adhesión al proyecto europeo. La decisión fue respaldada por la mayoría de las fuerzas políticas y por una amplia parte de la sociedad civil, lo que permitió presentar una imagen de unidad nacional poco habitual. En cambio, el contexto actual muestra un mayor grado de fragmentación y el avance del euroescepticismo, tanto en España como en otros países miembros de la Unión Europea.
Este cambio de actitud responde en parte a la transformación de los desafíos. Mientras en los años ochenta la integración era vista como una vía de escape del aislamiento y el subdesarrollo, hoy la pertenencia al bloque enfrenta cuestionamientos por su manejo de crisis migratorias, tensiones internas o desequilibrios económicos.
Un salto económico y geopolítico decisivo
La entrada de España en la Comunidad Europea trajo consigo un impacto económico profundo y sostenido. Los fondos estructurales y de cohesión permitieron financiar grandes proyectos de infraestructura, mejorar el sistema educativo y modernizar sectores estratégicos. Esto impulsó un crecimiento económico sostenido en las décadas siguientes.
Además, la posición geopolítica del país se fortaleció. España pasó de ser un actor periférico a desempeñar un papel relevante en decisiones clave de la Unión. Ha influido en temas como cooperación internacional, política agrícola y relaciones con el Mediterráneo, consolidando su imagen como socio fiable y activo.
La amenaza no detuvo el proceso de integración
Aunque el ataque terrorista del día de la firma fue un golpe simbólico, no logró detener el rumbo europeo del país. Al contrario, la violencia de ETA contrastó con la voluntad generalizada de avanzar hacia un modelo democrático consolidado. Con el tiempo, la integración ayudó a reforzar las instituciones del Estado, promover la profesionalización de la administración pública y proyectar una imagen estable al exterior.
Para muchos expertos, el balance de estas cuatro décadas es positivo. España ha consolidado su peso regional y ha accedido a niveles de desarrollo impensables en 1985. Sin embargo, las lecciones de aquel contexto de contrastes siguen siendo relevantes.
Renovar el compromiso con el proyecto europeo
Hoy, el reto no es ingresar, sino mantenerse y evolucionar dentro de una Europa más compleja y fragmentada. La España contemporánea, más plural y globalizada, debe definir cómo ejercer liderazgo y reforzar su compromiso con los valores fundacionales del proyecto europeo. La seguridad energética, la cohesión social y la competitividad global exigen una revisión estratégica de ese vínculo.
Este aniversario no solo invita a conmemorar lo alcanzado, sino también a reflexionar sobre el tipo de Europa que se quiere construir. Recordar el 12 de junio de 1985 puede ser útil para recuperar la visión, el compromiso y la ambición que guiaron aquel momento fundacional.