
Según versiones preliminares, Rafael Pérez, hasta ahora Secretario de Estado de Seguridad, ha presentado su dimisión al cargo que desempeñaba desde 2018 como mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Aparentemente, el Ministerio ha atribuido su renuncia a “motivos personales”, aunque la decisión se produce en un momento especialmente tenso, marcado por acusaciones sobre una presunta operación del PSOE para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Contexto de alta sensibilidad institucional
La salida de Pérez, un funcionario clave en la gestión de la seguridad del Estado, llega en medio de informaciones que, presuntamente, señalan intentos desde el entorno socialista para obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO, una unidad clave en investigaciones como el “caso Koldo”. Estas versiones han sido negadas de forma tajante por el PSOE, pero han contribuido a elevar la tensión política y a poner bajo la lupa el comportamiento del Gobierno en relación con órganos de investigación sensibles.
Impacto institucional y presión sobre Grande-Marlaska
Una consecuencia directa de esta dimisión es el debilitamiento de la estructura del Ministerio del Interior y la creciente presión sobre Grande-Marlaska, quien pierde a un colaborador estratégico en un momento de fuerte escrutinio. Esta crisis interna podría obligar al Ejecutivo a ofrecer explicaciones más detalladas sobre su papel en las presuntas injerencias y a recuperar la confianza institucional en un ámbito tan delicado como la seguridad y la independencia de las investigaciones judiciales.