
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha propuesto eliminar el concierto educativo a 155 líneas escolares a partir del curso 2025-2026. Esta decisión, presuntamente motivada por la disminución demográfica en ciertas etapas educativas, forma parte de una estrategia de reestructuración que busca ajustar la oferta escolar pública a las necesidades reales del sistema. Las autoridades insisten en que la medida no implica el cierre de grupos públicos, sino una redistribución de recursos para optimizar la red educativa.
Objetivo: reforzar la red pública y mejorar las ratios
La medida afecta a centros concertados, es decir, instituciones privadas con financiación pública para impartir enseñanza gratuita. La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha subrayado que esta retirada de conciertos es una práctica legalmente prevista que permite mejorar la atención educativa y reducir el número de alumnos por aula en los centros públicos. El Govern sostiene que el ajuste también apunta a mejorar las condiciones laborales del profesorado y potenciar la proximidad en el acceso a la educación pública.
Impacto en las familias y el modelo educativo
Una consecuencia directa de esta propuesta es la reconfiguración del mapa escolar en Cataluña, lo que podría traducirse en un incremento de la demanda en los centros públicos. Aunque se plantea como una forma de racionalizar recursos, la iniciativa genera incertidumbre entre las familias afectadas y en los centros concertados que podrían perder líneas educativas. Esta situación reaviva el debate sobre el equilibrio entre el fortalecimiento de la red pública y el papel de los centros de iniciativa social en el sistema educativo catalán.