
El Govern de la Generalitat, liderado por Salvador Illa, ha ordenado el cierre inmediato de su oficina comercial en Tel Aviv, una decisión que responde directamente a la presión ejercida por el grupo parlamentario de los Comuns, en rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza. La sede, operativa desde hace una década bajo el paraguas de Acció, había sido una pieza clave en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Cataluña e Israel.
Un gesto político con impacto internacional
La consecuencia directa del cierre es un posicionamiento explícito del gobierno catalán frente al conflicto en Oriente Próximo. La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, calificó la situación en Gaza como un “genocidio” y celebró la decisión, aunque cuestionó por qué no se había adoptado antes. Illa, por su parte, defendió el momento elegido y recalcó la coherencia del Govern en aplicar el mismo criterio a conflictos como el de Ucrania, en un intento por reafirmar su línea ética en política exterior.
División política en Cataluña y repercusiones comerciales
La decisión ha generado división en el arco político catalán. Mientras el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, respaldó el cierre, partidos como Junts per Catalunya y Aliança Catalana lo tacharon de “error grave” y “cesión ideológica”. Además del debate político, la medida afecta las relaciones comerciales con Israel, país con el que Cataluña mantenía vínculos activos en tecnología, innovación y agroindustria.
Este movimiento se suma a una creciente presión internacional para que las administraciones actúen con firmeza ante el conflicto en Gaza. La Generalitat se convierte así en una de las pocas administraciones europeas en tomar una decisión de este calibre, marcando un precedente simbólico que mezcla política exterior, comercio y derechos humanos.