Canarias pide una respuesta «sólida» y «corresponsabilidad» entre las comunidades autónomas

La situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en Canarias se ha convertido en un problema «insostenible», según el gobierno autonómico. En la actualidad, hay más de 4.700 MENA en el archipiélago, una cifra que está aumentando cada día.

Los MENA son jóvenes que han llegado a España sin la compañía de sus padres o tutores legales. En la mayoría de los casos, provienen de países africanos y huyen de la pobreza, la violencia o la guerra.

La situación actual

La situación de los MENA en Canarias es compleja. Muchos de ellos viven en condiciones de hacinamiento en centros de acogida que no están preparados para atender sus necesidades. Además, tienen dificultades para acceder a la educación, la sanidad y el empleo.

El gobierno autonómico de Canarias ha denunciado que la situación es «insostenible» desde el punto de vista económico y social. El archipiélago destina 9 millones de euros mensuales a la atención de los MENA, pero los recursos son insuficientes.

La respuesta del gobierno central

El gobierno central ha anunciado que está trabajando en un plan para mejorar la situación de los MENA en Canarias. Sin embargo, aún no se han concretado las medidas que se van a adoptar.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha señalado que el plan incluirá medidas para «garantizar la protección de los derechos de los menores» y «facilitar su integración».

Petición de Canarias

El gobierno autonómico de Canarias ha pedido al gobierno central que adopte medidas urgentes para resolver la situación de los MENA en el archipiélago.

El portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, ha exigido una respuesta «sólida y contundente» de la Comisión sectorial de Infancia que se celebrará el próximo 29 de enero.

Cabello ha advertido de que Canarias no puede seguir asumiendo sola la responsabilidad de los MENA que llegan al archipiélago.

La situación de los MENA en Canarias es un problema complejo que requiere una respuesta urgente por parte del gobierno central.

Las medidas que se adopten deben garantizar la protección de los derechos de los menores y facilitar su integración en la sociedad española.

También es importante que las comunidades autónomas colaboren para repartir de forma más equitativa la responsabilidad de atender a los MENA.