
El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha la liquidación de la fundación Valencia Activa, entidad gestionada por Vox y actualmente bajo investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades. La decisión, anunciada el 23 de mayo de 2025, ha sido defendida por el segundo teniente de alcalde, José Vicente Gosálbez, también de Vox, como un esfuerzo por “mejorar la eficiencia” y eliminar “duplicidades”. Sin embargo, la coincidencia con la indagación fiscal sobre contratos supuestamente fraudulentos ha generado fuertes críticas desde la oposición.
Investigación fiscal por presuntos delitos
La Fiscalía investiga a Juanma Badenas, concejal de Vox y exresponsable de la fundación, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental vinculados a contratos de patrocinio adjudicados durante su gestión. Aunque Gosálbez niega que la disolución esté relacionada con el proceso judicial, insiste en que la medida responde a una planificación anterior. Según fuentes oficiales, los 24 empleados de la fundación serán reubicados en dependencias municipales, y el proceso de liquidación se cerraría antes de finalizar 2025.
Riesgo para la transparencia institucional
Una consecuencia directa de esta disolución, mientras la investigación judicial sigue su curso, es el riesgo de obstaculizar la labor de la Fiscalía y de la UCO de la Guardia Civil. El cierre de Valencia Activa podría dificultar el acceso a documentos clave, la trazabilidad de fondos públicos y la preservación de pruebas esenciales. Esta situación alimenta las sospechas de opacidad y posible impunidad, erosionando la confianza ciudadana en la gestión del gobierno municipal y en la independencia del sistema judicial frente a presiones políticas.