
La Junta de Andalucía ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el sistema de reparto de menores inmigrantes no acompañados del Gobierno central, alegando invasión de competencias y falta de financiación adecuada.
La consecuencia inmediata es la apertura de un conflicto legal que genera incertidumbre sobre la aplicación del sistema en Andalucía. La Junta busca defender sus competencias y la sostenibilidad de su sistema de acogida.
Para CEOs con intereses en Andalucía, este recurso representa un punto de fricción política y territorial importante, cuya resolución podría impactar la política social y la asignación de recursos en la región.