
Según versiones preliminares, la Unión Europea ha decidido posponer la votación para la oficialización del catalán como lengua oficial del bloque, debido a la falta de consenso entre los Estados miembros, que España no habría logrado garantizar. Aparentemente, esta decisión supone un revés para Junts per Catalunya, liderado por Carles Puigdemont, que había convertido esta medida en una de sus exigencias clave al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre los principales obstáculos estarían las implicaciones presupuestarias y el temor a abrir la puerta a demandas similares desde otros territorios con lenguas regionales.
Obstáculos diplomáticos y presión política
La propuesta para incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE ha sido una de las condiciones políticas más simbólicas en los acuerdos que permitieron la investidura de Sánchez. Sin embargo, presuntamente, las gestiones diplomáticas impulsadas por España no lograron convencer a varios socios europeos, que mantienen reticencias sobre el coste y el precedente jurídico que implicaría la medida. La demora deja en suspenso una promesa sensible y de alto valor simbólico para el independentismo catalán.
Consecuencias para la legislatura y el equilibrio político
Una consecuencia directa de este aplazamiento es el riesgo de fractura en la relación entre el Gobierno central y Junts, lo que podría afectar la estabilidad parlamentaria de la actual legislatura. Este contratiempo podría ser aprovechado por la oposición política para cuestionar la capacidad de Pedro Sánchez de cumplir con sus compromisos y mantener el respaldo de sus socios. En el fondo, la postergación de esta votación reabre tensiones sobre el encaje territorial y lingüístico en España, y deja al Ejecutivo en una posición más vulnerable de cara a futuras negociaciones.