
Según versiones preliminares, la Agencia Tributaria ha solicitado a la Audiencia Nacional que se suspenda una inspección fiscal en curso contra la empresa CryptoSpain y su propietario, el empresario Álvaro Romillo, quien presuntamente habría financiado parte de la campaña de Alvise Pérez. Aparentemente, la petición busca evitar duplicidades en las investigaciones, ya que Romillo está siendo investigado penalmente por una presunta macroestafa en criptomonedas.
Un caso que mezcla criptomonedas, política y fiscalidad
La solicitud de Hacienda evidencia la complejidad jurídica que surge cuando coinciden procesos fiscales y penales, especialmente en casos relacionados con activos digitales. Presuntamente, Romillo ha sido señalado como un actor clave en la financiación política de Alvise Pérez, quien recientemente logró escaños en el Parlamento Europeo, lo que añade un componente político delicado al caso. La Agencia Tributaria ya investigaba al empresario por irregularidades en el IVA, IRPF y el Impuesto de Sociedades.
Consecuencia directa: pausa fiscal y mayor escrutinio político
Una consecuencia directa de esta solicitud es la posible paralización temporal de la inspección fiscal a CryptoSpain, lo que podría ralentizar el esclarecimiento de responsabilidades tributarias mientras avanza la investigación penal. Es previsible que el caso aumente la vigilancia sobre la financiación electoral en España, en especial en relación con nuevos partidos políticos y el uso de criptomonedas como fuente de recursos. Además, este proceso podría sentar un precedente clave sobre cómo se deben abordar las investigaciones cuando se superponen competencias fiscales y judiciales, en un contexto digital y político cada vez más complejo.