
Según versiones preliminares, una jueza en España ha dictado auto de apertura de juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. La investigación apunta a presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación vinculados a una contratación en la Diputación pacense en 2017, lo que intensifica el escrutinio sobre el entorno del mandatario español.
Situación compleja por aforamiento
La complejidad del caso aumentó tras la adquisición “in extremis” de la condición de aforado por parte de Miguel Ángel Gallardo, una figura legal que le permite ser juzgado por un tribunal superior, eludiendo así la jurisdicción del juzgado de primera instancia que había dictado el auto de apertura. Esta maniobra ha generado debate y críticas, pues es vista como un intento de evitar el proceso judicial ordinario.
Consecuencias políticas y sociales
Este desarrollo judicial incrementa la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE. Se prevé que la oposición utilice el caso como argumento para cuestionar la integridad del ejecutivo, mientras que la maniobra del aforamiento podría impulsar un debate más amplio sobre la legitimidad y necesidad de esta figura en España. En consecuencia, podría impactar negativamente la confianza ciudadana en las instituciones y la percepción de igualdad ante la ley.