Miss Asturias 2017 declara ante el Supremo y complica aún más el “caso Koldo”

Claudia Montes, conocida por su título de Miss Asturias 2017, ha prestado declaración ante el Tribunal Supremo en el marco del “caso Koldo”, reconociendo que solicitó ayuda al exministro José Luis Ábalos para conseguir un empleo público.

EDATV News

Claudia Montes, conocida por su título de Miss Asturias 2017, ha prestado declaración ante el Tribunal Supremo en el marco del “caso Koldo”, reconociendo que solicitó ayuda al exministro José Luis Ábalos para conseguir un empleo público. Según su testimonio, el entonces asesor ministerial Koldo García Izaguirre habría gestionado su contratación en una empresa estatal, presuntamente mediante la falsificación de su currículum vitae. Montes relató que García le pidió fotos por redes sociales para confeccionar el CV y que incluso descartó algunas, sugiriendo utilizar imágenes de otras plataformas.

Nueva arista en el escándalo político

La consecuencia directa de esta declaración es la consolidación de una de las líneas más delicadas de la investigación: el presunto uso de influencias políticas para adjudicar puestos públicos, lo que apunta a un patrón sistemático de “enchufismo”. Montes también denunció haber recibido mensajes obscenos de Koldo García y negó rotundamente mantener una relación sentimental con Ábalos, como se había especulado. Estas afirmaciones fortalecen las sospechas de una red de favores que mezclaba intereses personales con recursos estatales, agravando la posición de los implicados.

Implicaciones legales y políticas en aumento

Este nuevo giro no solo aumenta la presión sobre Ábalos y García —figuras clave también en la investigación sobre presuntas comisiones irregulares en contratos durante la pandemia—, sino que profundiza el daño reputacional en torno a la gestión de ciertas entidades públicas. Montes declaró que ni siquiera llegó a presentarse en el puesto asignado en Logirail, lo que pone en entredicho los mecanismos de control y meritocracia en la contratación estatal. De confirmarse estos hechos, el caso podría derivar en consecuencias judiciales severas y en una revisión crítica de los procesos de selección en empresas públicas.