En España, los pacientes deben esperar en promedio más de 600 días para acceder a nuevos medicamentos aprobados por las autoridades regulatorias, según datos recientes. Esta dilación, que equivale a aproximadamente 20 meses, representa una desconexión preocupante entre los avances científicos y su disponibilidad clínica. Aunque los fármacos ya cuentan con el aval técnico, su incorporación al Sistema Nacional de Salud enfrenta procesos prolongados que postergan su uso efectivo por parte de quienes los necesitan.
Una consecuencia directa de esta demora es la limitación en el acceso a terapias innovadoras, especialmente en el caso de enfermedades complejas o con pocas opciones de tratamiento. Según estimaciones, cerca del 50% de los medicamentos financiados por la sanidad pública presentan restricciones que condicionan su utilización, lo que puede generar desigualdades en el sistema y afectar el pronóstico de los pacientes. Esta situación también añade presión a los profesionales médicos, quienes deben recurrir a opciones menos eficaces o retrasar decisiones terapéuticas clave.
El escenario actual evidencia la urgencia de revisar y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con la evaluación y financiación de medicamentos. Mejorar la eficiencia en esta cadena permitiría acortar los plazos de disponibilidad y facilitar un acceso más equitativo a las innovaciones terapéuticas. Para los líderes del sistema de salud, esto representa un reto estratégico en términos de sostenibilidad, innovación y bienestar poblacional.