El Gobierno de España ha emitido una orden dirigida a Airbnb para que proceda al bloqueo de aproximadamente 66.000 anuncios de alquileres vacacionales en su plataforma, debido a presuntas infracciones graves de la normativa vigente. Esta medida refleja la intención de las autoridades de regular el mercado turístico y combatir la oferta ilegal que afecta tanto a la vivienda local como al turismo sostenible.
Principales irregularidades detectadas
Las autoridades españolas identificaron irregularidades como la falta de licencias oficiales, incumplimiento de obligaciones fiscales y operación en zonas donde la actividad de alquiler vacacional está prohibida o limitada. La orden busca proteger a los consumidores, asegurar una competencia justa en el sector hotelero y residencial, y mitigar el impacto negativo que el alquiler turístico no regulado genera en el acceso a la vivienda para los residentes.
Impactos y precedentes en la regulación digital
La aplicación de esta directriz podría traducirse en una reducción significativa de la oferta ilegal, aliviando la presión sobre el mercado de alquiler tradicional y contribuyendo a la estabilización de precios en las ciudades más afectadas. Además, esta acción sienta un precedente importante para la regulación de las plataformas digitales, demostrando la necesidad de un estricto cumplimiento normativo en la economía colaborativa y el turismo, y podría inspirar medidas similares en otras regiones.