Según versiones preliminares, el Gobierno español ha manifestado no temer represalias por parte de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, tras el aparente estancamiento de la oficialización del catalán en la Unión Europea. Fuentes gubernamentales han declarado que la administración y los representantes catalanes han “ido de la mano” en este proceso, asegurando que Puigdemont y su entorno son conscientes de los “esfuerzos imposibles” que se están realizando para impulsar la lengua. Esta postura sugiere confianza en la relación con el independentismo catalán a pesar de los desafíos burocráticos europeos.
Obstáculos en la oficialización del catalán en la UE
El frenazo en el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE se debe, presuntamente, a la falta de consenso entre los Estados miembros, particularmente por las implicaciones presupuestarias y de precedencia que esto supondría para otras lenguas regionales. La complejidad de este asunto en el ámbito comunitario ha dificultado el avance de la propuesta, a pesar del impulso diplomático y político del Gobierno español, que ve esta medida como crucial para mantener el apoyo de partidos independentistas en España.
Consecuencias políticas internas para España
Una consecuencia directa de este estancamiento en la UE es la potencial presión política interna sobre el Gobierno español, que había prometido avanzar en esta iniciativa a cambio de apoyos parlamentarios. Aunque el Ejecutivo minimiza el riesgo de represalias de Puigdemont, la frustración por la falta de progreso en un tema tan simbólico podría, presuntamente, tensar las negociaciones futuras entre el gobierno central y las formaciones independentistas catalanas, afectando la estabilidad de la legislatura.