La Fundación “Hay Derecho” ha solicitado al Parlamento español presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional debido a la falta de actualización de los Presupuestos Generales del Estado. Según la organización, la ausencia de un marco presupuestario renovado ha generado lo que considera prácticas legislativas abusivas. “Hay Derecho” argumenta que esta situación está afectando negativamente la normalidad institucional y el funcionamiento del poder legislativo en el país, ya que carecer de unos presupuestos aprobados debilita la transparencia y eficacia del proceso legislativo.
Denuncia sobre prácticas legislativas abusivas
El foco de la denuncia de la Fundación se centra en lo que califica como el abuso de figuras legislativas, como los proyectos de ley “encubiertos”, el uso excesivo de decretos, y las iniciativas ómnibus que agrupan múltiples temas en un solo proyecto. Según la Fundación, estas prácticas están impidiendo el adecuado control parlamentario y diluyendo el debate necesario sobre normativas clave. Además, critica las prórrogas indefinidas en los plazos de enmiendas, lo que, según “Hay Derecho”, socava el proceso legislativo ordinario y perjudica la transparencia en la toma de decisiones que impactan la gestión pública.
Consecuencias de la acción legal: un posible cambio en las reglas del juego
Una posible consecuencia directa de esta solicitud, si es admitida por el Tribunal Constitucional, sería la definición de un precedente legal sobre los límites de las prácticas legislativas en España. Un fallo que establezca la obligatoriedad de la aprobación de Presupuestos Generales del Estado y restrinja el uso de medidas extraordinarias podría redefinir la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Esto obligaría a una mayor disciplina en el manejo de los tiempos legislativos y a una mayor rendición de cuentas, lo cual podría reforzar la estabilidad institucional y el control democrático en el proceso de creación de leyes.