El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado su respaldo a la oficialidad del catalán en la Unión Europea al cumplimiento previo de la sentencia que ordena impartir al menos un 25% de clases en español en Cataluña. Esta postura, según versiones preliminares, busca mantener un equilibrio entre la promoción de la diversidad lingüística y la protección del castellano como lengua cooficial en el sistema educativo catalán.
Un nuevo obstáculo en Bruselas
Esta condición política representa un freno importante para la propuesta del Gobierno español de incorporar el catalán, el euskera y el gallego al régimen lingüístico oficial de la UE. Según analistas, la medida podría retrasar indefinidamente el proceso, en un contexto donde ya existen reticencias legales y presupuestarias por parte de algunos Estados miembros. La tensión interna sobre la inmersión lingüística se proyecta así al plano europeo, complicando aún más las negociaciones.
Implicaciones para la política nacional y europea
Desde un ángulo estratégico, la postura de Feijóo puede interpretarse como una forma de reafirmar su defensa del español y ganar terreno entre su electorado. Para el Gobierno, esto implica un doble reto: negociar con los partidos nacionalistas internos y a la vez convencer a Bruselas de que el reconocimiento de las lenguas cooficiales es viable y no politizado. El resultado de este pulso podría tener efectos directos en la estabilidad política nacional y en la imagen de cohesión del Estado español ante las instituciones europeas.