España dice adiós a las ‘golden visa’: Un giro hacia la justicia inmobiliaria

El gobierno toma medidas drásticas para priorizar el derecho a la vivienda

El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de suprimir la conocida como ‘golden visa’, un permiso que otorga la residencia a extranjeros a cambio de inversiones inmobiliarias de envergadura.

Esta medida busca combatir la especulación inmobiliaria y asegurar que el derecho a la vivienda prevalezca sobre los intereses especulativos. Durante una visita a una promoción de viviendas protegidas en Sevilla, Sánchez enfatizó la importancia de reorientar el mercado inmobiliario hacia las necesidades de la población, frente a los intereses puramente económicos.

La ‘golden visa’ fue introducida en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de crisis financiera, facilitando a los inversores extranjeros la obtención de residencia en España mediante la compra de bienes inmuebles por un valor mínimo de medio millón de euros.

A pesar de su objetivo inicial de atraer capital y reactivar la economía, ha sido ampliamente criticada por contribuir al incremento de los precios de la vivienda y permitir un modelo de residencia que no exige una presencia continua en el país, lo que ha repercutido negativamente en el acceso a la vivienda de los residentes locales.

VIDEO: España suprime las ‘golden visa’

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La demanda de revisión de esta política ha sido liderada, entre otros, por Más País, ahora integrado en Sumar, argumentando que promueve la especulación y desplaza a los residentes locales. Con el 94% de estos visados relacionados con la compra de inmuebles, ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia han experimentado el impacto en sus mercados de vivienda.

Este movimiento hacia la eliminación de la ‘golden visa’ representa un cambio significativo en la política de vivienda y migración de España, evidenciando el compromiso del gobierno con una mayor equidad y acceso a la vivienda. Suprimir este programa simboliza un paso adelante hacia una gestión más inclusiva y justa de la inversión extranjera y el derecho fundamental a la vivienda.