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El Partido Popular ha anunciado que va a reprobar a la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera por las críticas que ha realizado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Ribera, también ministra de Transición Ecológica, afirmó el pasado viernes que el juez tiene “querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles”, después de que haya desestimado el recurso de la Fiscalía contra la solicitud que ha enviado al Tribunal Supremo para imputar a Carles Puigdemont por el delito de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic.
La decisión del magistrado se produce en un momento delicado porque está en plena tramitación la ley de amnistía.
Los populares consideran de “extrema gravedad” que una vicepresidenta del Ejecutivo diga en una entrevista en RTVE que los jueces “prevarican” en su toma de decisiones.
“Pedro Sánchez vuelve a asumir el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y de que en España existe lawfare”, señalan en el PP, y reclaman al Gobierno que “cese en el ataque a los jueces españoles”.
“Puigdemont ordena y el Gobierno obedece, aunque eso suponga atacar a nuestro propio Estado de derecho”, ha dicho la portavoz del PP en el Senado Alicía García, antes de recriminar que “es lamentable que Sánchez esté plegado a los intereses de un prófugo de la justicia y que recite el argumentario independentista para desprestigiar a nuestras instituciones democráticas”.
El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y, por tanto, previsiblemente va a prosperar la reprobación de Ribera.
Las palabras de Ribera alimentan la polémica sobre la actitud del Gobierno frente al Poder Judicial
Las palabras de Ribera alimentan la polémica sobre la actitud del Gobierno frente al Poder Judicial. Aunque la vicepresidenta ha intentado ser “cauta” respecto a la decisión de García-Castellón de mantener su solicitud de imputación de Puigdemont por terrorismo, lo cierto es que ha acabado cargando contra el juez.
“Como digo, nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles”, ha señalado, en referencia a que, precisamente, el delito de terrorismo está en el foco de la ley de amnistía, ya que ERC y Junts quieren introducir una enmienda para que sea amnistiable, pero el PSOE se opone.
“Hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial”, ha continuado Ribera.
El Gobierno matiza las palabras de Ribera
Su pronunciamiento, todo sea dicho, ha sido posteriormente matizado por el Gobierno para evitar una escalada de tensión con el Poder Judicial.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno “respeta la independencia judicial” y que “no comparte” las palabras de Ribera.
“El Gobierno respeta la independencia judicial y no comparte las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera”, ha dicho Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser.
“El Gobierno respeta la independencia judicial y no comparte las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera”, ha dicho Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser.
El PP exige a Sánchez que desautorice a Ribera
Por su parte, el PP ha exigido a Pedro Sánchez que desautorice a Ribera de manera “tajante”.
“Señalar que los jueces prevarican es asumir el discurso de los independentistas, que ahora hace suyo el Gobierno”, ha añadido Gamarra.
La secretaria general del PP ha asegurado que las acusaciones de prevaricación contra el juez García-Castellón “son un paso más en el avance de una ley de impunidad a una casta política para que Sánchez se mantenga en el poder después de haber perdido las elecciones”.
Posibles consecuencias de la reprobación de Ribera
La reprobación de Ribera en el Senado es un hecho simbólico, pero podría tener consecuencias políticas.
La vicepresidenta, que es una figura muy popular dentro del PSOE, podría verse debilitada dentro del partido.
Además, la reprobación podría alimentar la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, que ya está en un momento delicado.
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