Según versiones preliminares, el Partido Popular (PP) ha solicitado formalmente al Tribunal Constitucional de España que suspenda la tramitación de su recurso contra la Ley de Amnistía, en tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no emita una resolución sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por varios tribunales españoles. Esta medida busca, aparentemente, evitar una sentencia definitiva del alto tribunal nacional antes de conocer la postura de la justicia europea sobre la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario.
La solicitud del PP evidencia una estrategia jurídica que apunta a frenar la aplicación de la ley y alinear el fallo constitucional con una eventual interpretación restrictiva por parte del TJUE. El principal argumento es que las dudas prejudiciales planteadas al tribunal europeo versan sobre aspectos clave de la legislación aprobada por el Parlamento español, especialmente en lo relativo a la posible colisión con principios del Estado de derecho consagrados en la normativa comunitaria.
Una consecuencia directa de esta iniciativa es la intensificación del conflicto institucional y político que rodea a la Ley de Amnistía, particularmente en lo que respecta al proceso soberanista catalán. Es previsible que esta petición prolongue la incertidumbre jurídica y política sobre el futuro de la norma, mientras se dirimen las competencias entre tribunales nacionales y europeos. Además, el desenlace de este pulso podría sentar un precedente sobre la primacía del derecho comunitario en materias de alta sensibilidad constitucional dentro de los Estados miembros.