En un pequeño municipio de Cáceres, la detención de una “secta destructiva” ha puesto de manifiesto la gravedad de las llamadas terapias de conversión, las cuales son denunciadas por diversas organizaciones del movimiento LGTBI+. La Asociación española contra las terapias de conversión, no es terapia, se ha sumado como acusación particular en este caso, que califica como un delito de odio hacia la comunidad LGTBI+.
Investigación judicial: Más allá de la orientación sexual
En este segundo caso judicializado en España relacionado con prácticas de conversión, una pareja al frente de una presunta secta enfrenta cargos que van más allá de la manipulación de la orientación sexual. Según la investigación policial, obligaban a las víctimas a mantener relaciones sexuales con la líder del grupo, las sometían a manipulación, suministraban drogas y las aislaban socialmente, todo con el objetivo de revertir su homosexualidad.
Impacto psicológico: El asombro del Psicólogo especialista en sectas
El psicólogo especialista en sectas, Miguel Perlado, quien ha tratado a cerca de una decena de víctimas involucradas con la pareja detenida, ha expresado su sorpresa ante la magnitud y gravedad de las prácticas de esta organización. Después de participar como perito forense en numerosos casos relacionados con sectas en España, Perlado señala que nunca antes había visto una organización que tratara la homosexualidad como una enfermedad curable.
Secuelas graves: El control absoluto de la secta
Las víctimas, muchas de las cuales denunciaron las prácticas de la secta, han sufrido graves secuelas psicológicas y físicas. Perlado describe cómo la pareja líder de la secta utilizaba técnicas de manipulación coercitiva para controlar a más de 50 personas al mismo tiempo, privándolas de su entorno social, familiar y profesional. La secta imponía su voluntad a los adeptos, decidiendo incluso dónde debían vivir, qué estudios cursar y quién debía ser su pareja.
Comunicado policial: Discurso de odio y prácticas inhumanas
La Policía detalla en su comunicado que la secta, liderada por personas con titulación en psicología pero sin autorización administrativa ni habilitación sanitaria, realizaba pseudopsicoterapias basadas en un discurso de odio hacia la homosexualidad. Argumentaban que esta era una enfermedad curable mediante abstinencia y relaciones sexuales forzadas con la líder del grupo, respaldadas por el psicólogo detenido.
Repercusiones legales y activismo: Un llamado a la acción
Saúl Castro, presidente de No es terapia, destaca que este caso constituye claramente un delito de odio contra la comunidad LGTBI+, y aboga por que en España se tipifiquen como delito las terapias de conversión, al igual que en otros países como Francia, Alemania y Australia. Este caso se convierte en el segundo judicializado en España, el primero instruido en Madrid en 2023.
Desafíos y denuncias: 80 Casos documentados en España
A pesar de que hasta ahora solo dos casos han llegado a la investigación judicial, Castro ha documentado hasta 80 casos de terapias de conversión en España. Estos abarcan distintos ámbitos, desde profesionales de la psiquiatría hasta pseudoterapeutas con ideología religiosa, y organizaciones ultraconservadoras vinculadas a la religión católica.
Llamado internacional y obstáculos legales: Las terapias de conversión en la mira
Las terapias de conversión, según No es terapia, son prácticas que buscan modificar o anular la orientación sexual de una persona, generando impactos negativos en su salud física y mental. La ONU las ha calificado como “humillantes, degradantes y discriminatorias”. A pesar de la creciente preocupación y denuncia por parte del activismo LGTBI+, aún falta consenso político y legal sobre cómo abordar este problema de manera normativa y sociopolítica.
A pesar de la creciente conciencia y denuncia de las terapias de conversión en España, el caso de la secta detenida en Cáceres resalta la necesidad urgente de abordar este fenómeno de manera más contundente. El presidente de No es terapia, Saúl Castro, insiste en la importancia de tipificar como delito estas prácticas, al igual que ya se hace en otros países. Las secuelas graves y las prácticas inhumanas que han sufrido las víctimas de esta secta subrayan la urgencia de proteger a las personas LGTBI+ de estos abusos. La falta de consenso político y legal sobre cómo enfrentar estas terapias a nivel normativo y sociopolítico es un obstáculo que debe superarse para garantizar la seguridad y dignidad de las personas afectadas.