El Gobierno de España espera que la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aumente en 2.300 millones de euros este año, debido a la decisión de no ajustar las tarifas del IRPF frente a la inflación. Esto llevará a que más contribuyentes se ubiquen en tramos impositivos más altos, pese a no haber un incremento real en sus ingresos.
Esta medida incrementará la carga tributaria de los ciudadanos, afectando su poder adquisitivo en un contexto de inflación. Los fondos adicionales serán destinados a financiar proyectos estratégicos como la inversión en Telefónica.
Aunque esta estrategia permite al Gobierno generar recursos sin aumentar impuestos, podría reducir la renta disponible de los hogares y afectar el consumo y la actividad económica.