A contracorriente de las expectativas, el partido liderado por Carles Puigdemont logró salvar los decretos del gobierno a cambio de la “delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat”. Aunque esta cesión ha sido anunciada con entusiasmo por los independentistas, expertos en la materia plantean dudas sobre su viabilidad dentro del marco legal actual.
Competencias constitucionales y estatuto Catalán
El artículo 149 de la Constitución establece que el Estado tiene competencias exclusivas en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Por otro lado, el Estatuto catalán, en su artículo 138, detalla las atribuciones del gobierno autonómico en inmigración, abarcando la primera acogida, medidas de integración social y económica, así como la regulación de la participación social de las personas inmigradas.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006 diluye estas competencias, estableciendo que la legislación estatal es libre para determinar los términos de la participación de la Comunidad Autónoma, preservando la titularidad de las competencias estatales.
Anuncio de ceder competencias y críticas
Ante las críticas surgidas por esta cesión, el ministro Félix Bolaños ha anunciado la intención de desarrollar una ley orgánica para llevar a cabo la delegación de competencias, detallando los cambios a través de dicho marco legal. Expertos constitucionales, como José Manuel Vera Santos y Rafael Murillo, expresan sus reservas, señalando que la transferencia de competencias exclusivas del Estado en inmigración podría ser un agravio entre comunidades y chocar con principios constitucionales y de soberanía.
Reacciones sindicales y carta urgente al Ministro Marlaska
La Confederación Española de Policía (CEP) critica la cesión, subrayando que no se ha llevado a cabo un análisis riguroso de necesidades ni un debate que demuestre la eficacia de la gestión compartida de políticas migratorias. Consideran que la medida responde a conveniencias políticas y no a la mejora de una política pública. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) envía una carta urgente al ministro Marlaska expresando su preocupación por el traspaso de competencias en materia de inmigración, instándolo a defender a la Policía Nacional y preservar sus competencias.
En resumen, mientras se celebra la cesión de competencias, las dudas legales y las críticas de expertos y sindicatos de policía plantean interrogantes sobre la viabilidad y la conveniencia de este acuerdo entre Junts y el PSOE. La controversia parece haberse desatado, y será interesante seguir el desarrollo de la ley orgánica anunciada y las posibles repercusiones en la política migratoria de Cataluña.